Hay cifras que uno lee dos veces por si acaso se le movió un renglón. Esta semana hubo dos, y coinciden hasta el escalofrío.

En Michoacán, un juez especializado en justicia para adolescentes sentenció a tres años de internamiento a Osmar "N", de 15 años, por la muerte de dos maestras en un colegio de Lázaro Cárdenas el pasado 24 de marzo. Además ordenó una reparación del daño de 3 millones 280 mil 769 pesos para los familiares de las víctimas. Se aclara, con toda razón, que se trata de la pena máxima que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para personas de entre 14 y 16 años.

En Nuevo León, a casi seis meses del feminicidio de Britanny Nahomi, de 15 años, José "N", de 14, alias "El Patines", fue sentenciado también a tres años de internamiento. Mismo marco legal, mismo techo, mismo número.

Tres años. La misma cantidad de tiempo que dura una carrera técnica, un contrato de renta con prórroga o el plazo que le dan a un funcionario para entregar una obra que de todos modos no entrega. Es el máximo que la ley permite, y ahí está exactamente el punto: el máximo. No hay margen. El juez no fue blando; el techo es el techo. Lo que estamos leyendo no es la decisión de un juzgador, es el diseño de un sistema.

Y el sistema, tal como está armado, mandó esta semana un mensaje aritmético a dos familias que perdieron a tres personas: aquí la cuenta se cierra en 36 meses. Después de eso, la vida sigue para una parte y no sigue para la otra. Britanny tenía quince años. Las maestras iban a trabajar. Ninguna de las tres recibió la posibilidad de un plazo.

No se trata de pedir castigos ejemplares por reflejo ni de convertir a adolescentes en trofeos punitivos; existen razones serias, jurídicas y humanas, para tratar de manera distinta a un menor de 16 años, y quien las defiende no es un cínico. Se trata de otra cosa: de que el país lleva años teniendo esta conversación en voz baja, en columnas de opinión y en foros con café frío, y sigue sin tocar el tema en donde se decide, que es el Congreso. Legislar cuesta trabajo; indignarse el fin de semana es gratis.

Mientras tanto, la reparación del daño se fija en pesos con centavos, con esa precisión contable que tiene la burocracia mexicana para lo irreparable: 3 millones 280 mil 769. Ni uno más. Como si el dolor tuviera factura, IVA y fecha de vencimiento.

Tres años. Ya sabemos la tarifa. Falta saber quién la revisa.