El gobierno estatal propone desaparecer las policías municipales y sustituirlas por corporaciones regionales. En el papel suena espléndido: menos corporaciones dispersas, más coordinación, un organigrama limpio que se ve muy bien en diapositiva. En Michoacán, sin embargo, los organigramas tienen la mala costumbre de chocar contra la geografía.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán levantó la mano para decir lo obvio: la propuesta no contempla las formas de seguridad de los pueblos y comunidades indígenas. Su vocero, Pável Uliánov Guzmán, puso el dedo exactamente en la llaga jurídica: las rondas comunales, las kuarichas y otros cuerpos tradicionales todavía no cuentan con reconocimiento en la legislación federal, y su regulación se limita al ámbito estatal. Es decir, existen a nivel de realidad y a medias a nivel de ley. Y su temor es sencillo: si desaparece el andamiaje municipal, ¿de qué se cuelgan?

Aquí conviene hacer memoria sin exagerar. Las rondas comunales no nacieron de un capricho identitario ni de un taller de autogestión. Nacieron porque, en determinados momentos y lugares, el Estado no llegó, llegó tarde o llegó y no sirvió de mucho. La comunidad se organizó porque tenía que dormir. Ahora esa misma comunidad escucha que va a haber un nuevo modelo estatal y pregunta, con toda razón: ¿y nosotros en qué casilla quedamos?

La respuesta institucional a preguntas así suele ser una joya del género: "se está trabajando en los mecanismos de coordinación". Traducción libre: todavía no sabemos, pero ya lo anunciamos.

Lo delicioso del asunto es el orden de los factores. Primero se diseña la reforma, luego se presenta, luego se descubre que hay actores con derechos reconocidos internacionalmente que no fueron considerados, y después viene la ronda de mesas de diálogo para acomodar lo que debió acomodarse desde el principio. Es el método michoacano de la política pública: construir la casa y luego preguntar dónde iba la puerta.

Y conste que el diagnóstico de fondo no es descabellado. Muchas policías municipales del estado son, para ponerlo con delicadeza, más una plantilla que una corporación: sin equipo, sin formación, sin capacidad real. Que alguien quiera arreglarlo es sano. El problema es pretender que un estado con la diversidad institucional de Michoacán —donde conviven ayuntamientos, autogobiernos comunales, presupuestos directos y arreglos que ninguna ley previó— se puede reorganizar con la misma plantilla administrativa que se usaría en Aguascalientes.

El CSIM no pidió la luna. Pidió certeza jurídica: saber quiénes serán, qué podrán hacer y con qué respaldo legal operarán sus cuerpos comunitarios el día que el municipio ya no exista como figura policial. Es una pregunta técnica, aburrida, de abogados.

Y por eso mismo, la más difícil de contestar.