Chihuahua vive uno de esos milagros administrativos que solo ocurren en un país donde el reglamento y la realidad apenas se saludan de lejos. Vender o distribuir vapeadores es delito federal, castigable con hasta ocho años de prisión, una pena seria, de las que hacen sudar. Y sin embargo, abra usted cualquier red social desde su sillón y, entre el video del gatito y la oferta del primo que vende tamales, aparece un catálogo de dispositivos nuevos, usados, con refacciones e insumos incluidos. Servicio a domicilio del delito, prácticamente.

Uno entendería que una prohibición tan grave volviera al vapeador un objeto mítico, imposible de hallar, como la honestidad en temporada electoral. Pero no: lo único que la ley parece haber prohibido con éxito es el sentido del ridículo. El producto está prohibidísimo en el papel y disponibilísimo en el teléfono, esa contradicción tan nuestra de pintar la raya con gis sobre el agua.

Para que no se diga que la autoridad cruza los brazos, tenemos el caso estelar de la semana: José Alberto M. S., vinculado a proceso, acusado de tener en posesión 66 mil vapeadores con valor cercano a los 45 millones de pesos. Sesenta y seis mil. Léalo otra vez, porque el número merece respeto: es prácticamente un dispositivo por cada vecino de una colonia entera, lista para nublar de vapor sabor mango toda la capital. Permanece recluido en el penal de Aquiles Serdán desde el 3 de junio, cuando lo arrestaron con seis mil 200 unidades, cifra que en su momento pareció escandalosa hasta que la investigación destapó los otros 60 mil. Una de esas sorpresas que crecen como las deudas: empieza chiquita y termina con cero impronunciable.

La aritmética del asunto es para enmarcar. Si una persona logró acumular el equivalente a un Sam's Club de vapeadores debajo del radar, uno se pregunta cuántos almacenes igual de discretos siguen funcionando con la naturalidad de una tortillería. La ley promete ocho años de cárcel; el mercado responde con envío gratis y mensualidades sin intereses. Adivine usted quién va ganando la conversación.

No se trata de defender al humo de colores, que de salud no reparte precisamente vitaminas. Se trata de admirar la coreografía: prohibimos con la solemnidad de quien firma un tratado internacional y vigilamos con la pasión de quien revisa los términos y condiciones, es decir, sin leerlos. Decretar que algo no existe nunca ha sido lo mismo que lograr que desaparezca, pero queda bonito en el boletín.

Mientras tanto, en Chihuahua el vapeador es Schrödinger en persona: ilegal y a la venta, perseguido y anunciado, prohibido y a un clic de distancia. Cuarenta y cinco millones de pesos en evidencia nos recuerdan que, cuando una prohibición no se acompaña de algo más que comunicados, lo único que se asegura es el inventario incautado de uno, mientras los otros mil siguen recargando batería. La ley dictó la sentencia; el algoritmo dictó la oferta. Por ahora, el algoritmo va al frente.