El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encontró la solución definitiva al problema de las policías municipales: hacerlas desaparecer. Su argumento es que no tienen "fuerza de estado", frase que suena contundente hasta que uno se pregunta qué pasa cuando algo se elimina en lugar de arreglarse. Es como resolver los baches quitando las calles.

La propuesta desató un debate digno de sobremesa. La Policía de Morelia contestó con la lógica del que ve venir su liquidación: mejor fortalecer que eliminar. Y de paso soltó un dato incómodo: no han llegado a la meta de mil elementos porque se cayeron varios apoyos federales. O sea, primero les recortan el presupuesto y luego les reprochan andar en los huesos. Coherencia pura.

Desde la contienda por la 4T se sumó Octavio Ocampo, quien declaró que "si yo fuera gobernador, no desaparecería policías municipales". Es la modalidad más cómoda de gobernar: la del que dirige el estado desde la banca, sin las molestias de tener que hacerlo de verdad. La presidenta de Queréndaro, por su parte, se declaró "respetuosa" de la iniciativa, adjetivo que en política suele traducirse como "no me convence, pero prefiero no meterme en líos".

El trasfondo tiene su ironía. En la misma región, una alcaldesa aparece en un video donde se le atribuyen presuntos nexos con la delincuencia —acusaciones que ella califica de calumnias— justo cuando se debate si conviene o no dejar la seguridad municipal en manos locales. El diagnóstico del gobernador tiene sus razones; el problema es el remedio: desaparecer una corporación no desaparece la inseguridad, solo cambia el membrete de quién la administra.

Y mientras la clase política discute a quién le toca traer la pistola, la ciudadanía de a pie sigue esperando algo mucho más modesto: que alguien, con uniforme o sin él, del municipio o del estado, conteste cuando marque al número de emergencias. Detalle menor, seguramente, frente a la gran reingeniería institucional que se avecina.